En la noche del 11 de abril, apenas una semana después de los atentados perpetrados por las disidencias de las Farc en Cali, Jamundí (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño), un nuevo acto terrorista sacudió el norte del Cauca. Un vehículo cargado con explosivos detonó en el barrio San Antonio de Miranda, a escasos metros de la estación de Policía, dejando un saldo de cuatro personas heridas, entre ellas tres mujeres y un hombre.
El alcalde de Miranda, Wálter Zúñiga, afirmó que el atentado estaba dirigido a la población civil y puso de manifiesto la vulnerabilidad de los mandatarios locales frente a la precaria presencia de las fuerzas del orden en la región.
“Estamos desamparados como alcaldes con una sola unidad de la Policía, las medidas son precarias”, señaló Zúñiga.
Casi de manera simultánea, en el municipio de Corinto, hombres armados vestidos de civil atacaron a la Fuerza Pública, sumando así otro episodio violento a la ya delicada situación de seguridad en el departamento.
Ermes Evelio Pete Vivas, representante a la Cámara por el Cauca, expresó su consternación por la escalada de violencia en la región y exigió una respuesta inmediata y contundente por parte del Gobierno Nacional y la comunidad internacional.
“La falta de control y la presencia de las disidencias ponen en peligro la vida de civiles inocentes y socavan los esfuerzos por alcanzar la paz en Colombia, exigimos acciones inmediatas”, enfatizó el congresista.
Aunque aún no se ha confirmado la autoría de los ataques, las autoridades apuntan a la disidencia ‘Dagoberto Ramos’ como los presuntos responsables. Este grupo armado ilegal ha sido señalado anteriormente por su accionar violento en el norte del Cauca.
