Carolina Corcho anuncia tutela tras bloqueo del CNE para inscribir candidaturas del Pacto Histórico

La coalición demanda protección judicial urgente ante condicionamiento que impide su participación en comicios legislativos de 2026.
12 meses atrás

La coalición Pacto Histórico presentó una nueva acción de tutela ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantuviera trabas para reconocer su personería jurídica, requisito indispensable para participar en las elecciones al Congreso programadas para marzo de 2026.

La agrupación política solicitó su personería desde el pasado 13 de junio, pero el organismo electoral condiciona este reconocimiento a la resolución de procesos sancionatorios pendientes. Carolina Corcho, quien ocupó la segunda posición en la consulta interna de la coalición, explicó que esta situación vulnera derechos fundamentales como la libre asociación y la posibilidad de elegir y ser elegido.

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La dirigente destacó que cerca de tres millones de colombianos respaldaron al movimiento durante la consulta popular, cifra que refleja una participación significativa y otorga legitimidad a sus aspiraciones electorales.

La tutela busca que el tribunal ordene al CNE resolver los trámites sancionatorios antes del 8 de diciembre y elimine las restricciones sobre la personería jurídica. Además, solicita que la Registraduría Nacional inscriba las listas de candidatos para las elecciones parlamentarias, garantizando la paridad de género exigida por ley.

Los dirigentes del Pacto Histórico argumentan que la demora del CNE genera incertidumbre jurídica y política que amenaza la democracia. Consideran que el condicionamiento impuesto resulta arbitrario y lesiona el derecho constitucional a conformar partidos y movimientos políticos.

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La coalición también pidió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para salvaguardar los derechos políticos de millones de ciudadanos representados por esta organización.

Este recurso judicial busca obligar a las instituciones electorales a respetar la voluntad expresada por el electorado en la consulta, donde el movimiento obtuvo un respaldo considerable que ahora exige traducirse en participación efectiva durante los próximos comicios congresionales.