Carlos Ramón González es imputado por la Fiscalía en caso de corrupción en la UNGRD

La Fiscalía le imputó tres delitos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros agravado y lavado de activos.
4 semanas atrás

Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue imputado este miércoles por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía le imputó tres delitos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros agravado y lavado de activos.

Según el ente acusador, González habría actuado como autor o determinador en estos hechos bajo la modalidad de dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de participar en las conductas punibles.

El proceso judicial se enmarca en la investigación por presuntos actos de corrupción en la UNGRD que involucrarían direccionamiento de recursos públicos, irregularidades contractuales y pagos indebidos a través de una red integrada por altos funcionarios.

Según el fiscal del caso, González aparece vinculado junto a otros exfuncionarios del gobierno, entre ellos Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones; Olmedo López, exdirector de la UNGRD; y Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía indicó que el delito base para el cálculo de la eventual pena es el peculado por apropiación agravado, cuya sanción oscila entre 144 y 407 meses de prisión, es decir, hasta 30 años.

Esta se incrementaría si se confirma que la apropiación supera los 200 salarios mínimos, como lo establece el Código Penal.

A lo anterior se suman posibles sanciones por los delitos de cohecho y lavado de activos, además de multas e inhabilidades para ejercer funciones públicas.

El fiscal explicó que, en esta etapa del proceso, el imputado tiene la posibilidad de aceptar los cargos, lo cual podría darle acceso a beneficios judiciales establecidos por la ley, como rebajas en la pena.