La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, fue capturada formalmente este 18 de junio en medio de una diligencia de indagatoria ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tribunal competente para investigar a los congresistas colombianos debido a su fuero constitucional.
La magistrada Cristina Lombana había ordenado horas antes la conducción de la senadora desde su residencia en el barrio El Quirinal, en Bogotá, hasta las instalaciones del alto tribunal, luego de que la congresista no asistiera a dos citaciones previas. A pesar de la orden, Peralta llegó de manera presencial al tribunal acompañada de su abogado y declaró ante los medios que era víctima de una “persecución política”, asegurando que “siempre ha dado la cara”.
Sin embargo, una vez iniciada formalmente la indagatoria, la Sala de Instrucción ejecutó de manera imprevista una orden de captura penal definitiva en plena audiencia, dejando a la congresista privada de la libertad dentro de los calabozos de la Dijin.
Peralta es procesada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, en el marco de la investigación por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la hipótesis de la magistrada ponente, sustentada en las declaraciones del exdirector de la entidad, Olmedo López, la senadora habría intervenido de forma irregular para direccionar un cupo de contratación por más de 2.100 millones de pesos en obras de jagüeyes, ollas comunitarias y maquinaria amarilla en La Guajira.
De acuerdo con el testimonio de López, quien declaró haberse reunido con Peralta y un grupo de contratistas en Riohacha en septiembre de 2023, los recursos habrían sido entregados a personas cercanas a la congresista a cambio de garantizar el respaldo político de su bancada para las reformas sociales del Gobierno Nacional en el Congreso.
