El Ministerio de Relaciones Exteriores salió a defender el contrato interadministrativo CI-005-2026 para la producción, personalización, custodia y distribución de pasaportes, luego de que la Procuraduría General de la Nación encendiera nuevamente las alarmas sobre irregularidades en el proceso, que acumula cuatro contratos con objeto similar y compromisos que superan el billón de pesos.
La Cancillería precisó que el contrato, valorado en $185.374 millones, cumple con la normativa vigente y que, aunque la Ley 1150 de 2007 no exige pólizas en contratos interadministrativos, el Gobierno decidió incorporarlas voluntariamente. Sin embargo, reconoció que las aseguradoras privadas negaron la expedición de esas pólizas, por lo que finalmente se estructuró una alternativa con la aseguradora pública La Previsora, lo que obligó a modificar el contrato.
La Procuraduría, por su parte, advierte que el contrato fue publicado en SECOP el 29 de enero de 2026 sin fecha de inicio definida, y que se trata del cuarto instrumento jurídico suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional con un objeto contractual similar. Sumados los cuatro negocios, incluyendo el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal que el ente de control ya demandó hace más de tres meses, los recursos comprometidos ascienden a $1,49 billones de pesos.
El Ministerio Público anunció que abordará este nuevo contrato desde las acciones preventivas e investigaciones disciplinarias que ya cursan en relación con el suministro de pasaportes en Colombia. La Cancillería indicó que toda la documentación está disponible en la plataforma SECOP II para consulta ciudadana.
