Cancelan operaciones a VIPERS Ltda. por uso indebido de uniformes y operación no autorizada de drones

VIPERS Ltda., operaba en varias ciudades colombianas, incluidas Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín y Montería.
12 meses atrás
Foto | La Razón

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento a la empresa VIPERS Ltda., que operaba en varias ciudades colombianas, incluidas Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín y Montería.

La decisión, adoptada mediante Resolución No. 2025210009237CS del 14 de mayo de 2025, surge tras una inspección administrativa que documentó múltiples infracciones a la normatividad que rige el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia.

Entre las irregularidades detectadas destacan presuntas extralimitaciones en funciones autorizadas que podrían considerarse actividades reservadas a la Fuerza Pública, la prestación de servicios con personal no acreditado ni inscrito en los sistemas oficiales, uso indebido de uniformes y emblemas, operación no autorizada de drones y deficiencias graves en la custodia de armamento.

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La empresa, que contaba con un arsenal de 610 armas de fuego (535 revólveres, 47 escopetas y 28 pistolas) y una flota de 51 vehículos (37 motos, 9 camionetas y 5 camperos), empleaba a 2.911 personas entre vigilantes, escoltas y supervisores.

“Esta decisión reafirma nuestro compromiso con mantener los servicios de seguridad privada dentro de los parámetros de legalidad, responsabilidad y transparencia”, manifestó la entidad a través de su Oficina de Comunicaciones.

Una vez en firme la resolución, corresponderá al representante legal de VIPERS adelantar los trámites pertinentes ante el Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) para el reintegro y cancelación de las autorizaciones expedidas.

La Supervigilancia aclaró que la decisión administrativa se encuentra dentro del término legal para la interposición de recursos, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, respetando las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa para la empresa afectada.

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