La titular de la Fiscalía General de la Nación, Luz Adriana Camargo, sostendrá un encuentro con los magistrados de la Sala Penal del máximo tribunal de justicia colombiano, informó este miércoles la emisora W Radio.
El tema central será el escándalo generado por supuestos vínculos entre las disidencias del comandante Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá y entidades estatales.
La reunión se desarrollará durante la mañana de este miércoles.
El caso estalló tras revelaciones periodísticas sobre archivos incautados a las estructuras disidentes en julio de 2024. Los dispositivos electrónicos decomisados contienen conversaciones, correos y documentos que señalan presuntos nexos con funcionarios de alto rango del Estado colombiano.
Entre los implicados figuran el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Ambos fueron suspendidos provisionalmente por la Procuraduría General mientras avanzan las pesquisas disciplinarias.
Los materiales incautados sugieren que los grupos ilegales recibieron información clasificada sobre operaciones militares, lo cual les permitió evadir capturas y anticipar movimientos de la Fuerza Pública en zonas como Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar.
La Fiscalía mantiene estos elementos probatorios desde hace aproximadamente 18 meses. El ente acusador reconoció demoras en las actuaciones investigativas, aunque activó varias líneas de indagación y realizó diligencias de policía judicial en dependencias castrenses.
Las autoridades ejecutaron inspecciones simultáneas en instalaciones del Departamento de Control Comercio de Armas y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Los procedimientos fueron adelantados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación bajo instrucción de un fiscal delegado ante la Corte.
El escándalo también involucra planes para crear empresas de seguridad privada que operarían como fachadas para legalizar personal armado de las disidencias. Los archivos describen reuniones en Bogotá entre representantes del grupo ilegal y militares vestidos de civil.
