El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Álvaro Segrith Sepúlveda, solicitó al Gobierno Nacional un plan de respaldo para las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento tras el anuncio del incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, que quedó fijado en $1.750.905.
Segrith explicó que aunque el trabajador recibirá ese monto, el costo real para un empresario asciende a $2.975.614 mensuales por empleado al incluir prestaciones sociales y seguridad social, lo que representa una carga del 44,79% adicional.
El directivo gremial manifestó que las Mipymes constituyen el 96% del registro mercantil en Córdoba y operan con márgenes de ganancia reducidos, por lo que este ajuste presiona su flujo de caja. Advirtió que sectores como comercio, servicios y agricultura, que dependen de mano de obra intensiva, podrían verse obligados a reducir personal.
“Para una pequeña tienda de barrio, un almacén en el Centro o una microempresa de servicios en la Margen Izquierda, este incremento representa una presión en el flujo de caja”, señaló Segrith en un comunicado dirigido al Gobierno.
En representación de 42.500 empresarios cordobeses, el presidente de la Cámara propuso tres medidas específicas: implementar un “Régimen de Transición Prestacional” que permita tarifas reducidas en aportes a Cajas de Compensación y ARL durante 24 meses; crear un “Certificado de Incentivo a la Formalidad Laboral” que otorgue descuento tributario del 150% en renta por aportes de seguridad social pagados en 2026; y establecer una línea de crédito “Nómina Vital” con Bancóldex para cubrir el diferencial de costos laborales.
Segrith reconoció que el aumento busca “dignificar la vida de las familias cordobesas” y cerrar la brecha frente al costo de la canasta básica, pero alertó sobre un posible “efecto boomerang” donde el incremento se traslade al consumidor final mediante alza de precios, absorbiendo rápidamente el beneficio salarial.
