El gremio de la construcción Camacol Colombia respondió directamente al presidente Gustavo Petro, advirtiendo que “imponer control de precios a la VIS busca trasladar a la política de vivienda los efectos inflacionarios de un ajuste excesivo del salario mínimo”.
“El país necesita claridad técnica y legal en el debate sobre vivienda de interés social. El control de precios no protege al comprador; reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario. Los datos lo demuestran”, manifestó Camacol en su cuenta de X.
El gremio contradijo la afirmación presidencial sobre el impacto marginal del aumento salarial: “Que el costo laboral sea 20–25% no lo vuelve marginal. El aumento del SMLMV impacta no solo la mano de obra directa, sino también el precio de los materiales de construcción. En conjunto, estos componentes representan cerca del 70% del costo directo, por lo que los costos de nuevos proyectos podrían subir entre 10% y 15%, no 3%”.
Camacol calificó como “lo más grave” el proyecto de decreto de control de precios: “Obligar a fijar el precio en pesos desde la separación y prohibir cualquier ajuste hasta la escrituración es control de precios, aunque se le intente dar otro nombre. Además, genera inseguridad jurídica, afectando decisiones de inversión”.
El gremio reveló que “bajo este Gobierno, el precio máximo de la VIS aumentó 76%, casi tres veces más que en gobiernos anteriores”, contradiciendo el discurso oficial sobre protección de precios.
Desmintió que vender en salarios mínimos sea ilegal: “La ley permite precios ciertos o determinables, y los topes VIS en SMLMV están definidos en su propio Plan Nacional de Desarrollo. Tope no es igual a precio. Prueba de ello es que más del 60% de la VIS se vende por debajo del tope”.
Camacol advirtió sobre el impacto en el acceso: “En los últimos años, 55.000 hogares desistieron de comprar vivienda y más de 70.000 familias quedaron en el limbo tras la suspensión de Mi Casa Ya. Estas decisiones no protegen a las familias: las expulsan del mercado formal de vivienda”.
