El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, advirtió que quienes participen en el robo de hidrocarburos serán tratados como terroristas que atentan contra la seguridad del Estado.
La advertencia fue lanzada durante la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano en el Cesar, creada para enfrentar la economía criminal del hurto de combustible.
El mandatario aseguró que el Gobierno seguirá la ruta del dinero para identificar a quienes compran los hidrocarburos robados y a quienes se benefician de esa renta ilegal.
De la Espriella explicó que cerrar una válvula clandestina solo resuelve el problema por unas horas si permanecen intactos quienes financian la operación, transportan, almacenan, compran y reciben el combustible.
Por eso, insistió en que la estrategia apunta a llegar a la médula del negocio y no limitarse al punto donde se produce el hurto.
El presidente justificó el tratamiento de terrorismo al señalar que con los hidrocarburos robados se fabrica cocaína, y que con el dinero de ese hurto y del narcotráfico las organizaciones armadas atacan a policías, soldados y a la población civil.
Además, indicó que el combustible ilegal alimenta otras economías criminales como la minería ilegal.
El jefe de Estado también advirtió que la presión de la fuerza pública no disminuirá después de cada resultado, debido a que, según dijo, las organizaciones criminales logran reconstruirse cuando el Estado reduce su presencia.
Según cifras entregadas por el mandatario, durante este año se han reportado más de 1,2 millones de barriles de hidrocarburos robados en el país, por un valor superior a 771 mil millones de pesos.
Desde el 1 de septiembre, las operaciones han permitido recuperar un poco más de 100 mil galones, realizar 21 capturas e incautar 22 vehículos y 46 válvulas ilegales, con una reducción del 48% en las pérdidas frente al mes anterior.
La Fuerza de Tarea Conjunta Urano está integrada por cerca de 1.200 hombres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, que trabajarán articulados con funcionarios de la Fiscalía y agentes de inteligencia e investigación criminal.
