Bogotá se prepara para restringir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en colegios oficiales y privados. La medida está contenida en un proyecto de resolución de la Secretaría de Educación que plantea reglas diferenciadas según la edad de los estudiantes y que también establece límites para el uso pedagógico de tabletas, computadores y televisores.
El proyecto establece como regla general que los teléfonos móviles no podrán utilizarse durante las clases ni los descansos. La disposición cobijaría a toda la comunidad educativa, salvo el uso institucional requerido por los docentes. Cada colegio deberá definir cómo garantizar el cumplimiento y podrá establecer restricciones adicionales sobre el ingreso o porte de estos dispositivos.
Además, la propuesta contempla excepciones. Los celulares podrán utilizarse cuando sean necesarios para garantizar ajustes o apoyos educativos, por razones de salud o ante emergencias que comprometan la vida, la integridad o la seguridad de algún integrante de la comunidad.
Asimismo, el uso pedagógico tendrá una condición específica: desde octavo grado podrá emplearse el celular cuando haga parte de una actividad académica previamente definida, bajo orientación y supervisión docente. En grados inferiores también podrá autorizarse para proyectos audiovisuales vinculados a iniciativas educomunicativas.
La regulación también diferencia el uso de otras pantallas. En prejardín no se contempla su utilización durante la jornada; en jardín y transición se fijan límites de 30 minutos acumulados, mientras primaria tendría un máximo de una hora diaria y sexto y séptimo hasta dos horas.
Desde octavo hasta undécimo no habría un límite temporal para fines pedagógicos, aunque se mantienen las recomendaciones de pausas y alternancia con actividades presenciales.
Cabe destacar que el sustento jurídico incluye los artículos 44 y 67 de la Constitución, la Ley 115 de 1994, la Ley 1620 de 2013 y, especialmente, la Ley 2170 de 2021, que permite regular el uso de dispositivos móviles en determinados horarios o lugares dentro de los establecimientos educativos. También se invocan la Ley 2489 de 2025 y orientaciones del Ministerio de Educación expedidas en 2026.
El proyecto, que hace parte de la política “(Re)conectarnos para aprender”, deberá traducirse en cambios a los manuales de convivencia y los colegios tendrían seis meses para implementarlo una vez entre en vigencia.
La discusión, así, no se limita a prohibir o permitir celulares: plantea hasta dónde debe llegar la regulación de la tecnología en la escuela y qué papel deben asumir colegios, docentes y familias frente a su uso.
