Colombia dejó de producir cerca de 4 millones de barriles de petróleo en 2025 por problemas de orden público, unos US$400 millones a precios de hoy, más de un billón de pesos.
Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol, entregó la cifra este miércoles en la apertura de la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, en Cartagena, Bolívar.
“Mal llamados producción diferida, esa producción no la volvemos a recuperar”, afirmó el dirigente del gremio de bienes y servicios petroleros, al calcular cada barril a 100 dólares.
Los bloqueos encabezan la lista de afectaciones. El año pasado hubo 1.363 en el sector, casi cuatro diarios, frente a 473 en 2015. Castañeda puso como ejemplo el más reciente: durante 64 días dejó parados 16 taladros y mandó a casa a 1.200 empleados directos y a más de 4.000 indirectos. El origen fue una diferencia sobre la forma de pagar un dominical.
Esa sola protesta impidió producir más de un millón de barriles, equivalentes a US$100 millones para la economía nacional. “Tenemos que privilegiar el diálogo y anticiparnos a estos temas”, sostuvo.
Los atentados agravan el panorama. Según Castañeda, desde 2024 suman 82 voladuras de oleoductos. A ellas se agregan las válvulas ilícitas, que vuelven inviable la operación del oleoducto Trasandino.
El Caño Limón–Coveñas lleva más de dos años fuera de servicio, lo que obliga a usar alternativas más costosas para sacar el crudo.
El dirigente cuestionó además las tarifas regionales de transporte, alimentación y maquinaria amarilla, que considera poco competitivas. “Si subimos los costos, no vamos a tener barriles para producir, no vamos a tener barriles para transportar”, advirtió.
Campetrol propuso declarar la infraestructura energética activo estratégico de la Nación, activar un Comando Unificado de Seguridad Energética y expedir una ley con un protocolo que defina cuándo un bloqueo es ilegal. Pidió también acordar con las comunidades reglas claras para contratar bienes y servicios locales.
El gremio celebró el Decreto 1525, que actualiza el protocolo de protesta social. También resaltó el fallo del Consejo de Estado que reconoció la responsabilidad patrimonial por los bloqueos a la estación Chichimene de Ecopetrol.
