Asocapitales pide al Gobierno destinar 50% de rentas del ACPM para atender emergencia invernal

La asociación solicitó medidas fiscales excepcionales para fortalecer la respuesta territorial ante las inundaciones.
1 hora atrás
Foto | UNGRD

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales presentó al Gobierno Nacional una solicitud formal para implementar herramientas fiscales extraordinarias que permitan a los municipios afectados por las lluvias responder de manera eficaz a la crisis humanitaria.

Andrés Santamaría Garrido, director ejecutivo de Asocapitales, envió una comunicación al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, en la que propone destinar el 50% de los recursos del ACPM para apoyar económicamente la atención territorial de la emergencia climática que golpea principalmente al Caribe colombiano, Antioquia y Chocó.

La propuesta incluye tres ejes fundamentales de acción. El primero contempla flexibilidad para reorientar temporalmente rentas con destinación específica hacia acciones urgentes como ayudas humanitarias, habilitación de albergues, estabilización de taludes y rehabilitación de infraestructura crítica.

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El segundo eje busca habilitar mecanismos transitorios que faciliten la recuperación de cartera tributaria local y otorguen facilidades de pago a contribuyentes afectados, evitando así la caída abrupta de ingresos municipales.

Como tercer componente, Asocapitales solicita autorizaciones ágiles para operaciones de crédito público territorial destinadas exclusivamente a financiar atención inmediata y recuperación temprana.

“Las ciudades necesitan herramientas excepcionales que les permitan actuar con rapidez para atender a las comunidades afectadas, rehabilitar infraestructura y acelerar la recuperación económica”, afirmó Santamaría.

La organización solicitó además la convocatoria urgente de una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y entidades nacionales para estructurar el paquete de medidas excepcionales.

El modelo propuesto se inspira en el Decreto Legislativo 678 de 2020, que otorgó flexibilidad fiscal a gobernadores y alcaldes durante la pandemia de COVID-19, garantizando el respeto al marco de responsabilidad fiscal y los controles institucionales vigentes.

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