La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) radicó ante la Corte Constitucional una petición para detener de forma inmediata el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia.
El gremio que representa a las capitales del país busca que el alto tribunal paralice los efectos de esta norma mientras define si la medida se ajusta o no a la Constitución, proceso que debe realizarse de manera automática para este tipo de declaratorias.
La solicitud de Asocapitales coincide con otra presentada previamente por el Distrito de Medellín. Ambas cuestionan si el Gobierno cumplió con los requisitos que establece el artículo 215 de la Constitución Política para decretar estados de excepción.
Problemas estructurales, no extraordinarios
El argumento central de Asocapitales es que las razones presentadas por el Ejecutivo no cumplen con las condiciones de sobreviniencia, imprevisibilidad ni gravedad que exige la Carta Magna.
El Gobierno justificó la emergencia con temas como obligaciones judiciales en salud, pago de sentencias, subsidios a servicios públicos, seguridad ciudadana, efectos de la ola invernal y la no aprobación de proyectos de ley de financiamiento.
Para la asociación, estas situaciones son problemas permanentes del Estado que pueden resolverse con las herramientas normales de planeación, administración y presupuesto público, sin necesidad de acudir a medidas excepcionales.
La organización advirtió que usar repetidamente estos mecanismos extraordinarios para atender asuntos estructurales convierte la emergencia en un recurso común de manejo fiscal, lo cual contradice los límites que fijó la Constitución de 1991.
Riesgos para territorios y equilibrio institucional
Asocapitales también expresó preocupación por las consecuencias de mantener activo el decreto. Alertó sobre posibles daños jurídicos y fiscales que podrían ser irreversibles, especialmente si se expiden decretos legislativos que alteren el balance entre las ramas del poder público.
Adicionalmente, la asociación teme que las medidas tomadas bajo la emergencia afecten la autonomía fiscal y administrativa de los municipios y distritos capitales, comprometiendo facultades propias de los gobiernos locales.
El gremio recordó que la Corte Constitucional ha determinado que procede suspender provisionalmente normas bajo control constitucional cuando estas resultan incompatibles con la Constitución y generan efectos potencialmente irreparables.
Petición incluye otros decretos relacionados
La solicitud de Asocapitales no solo pide suspender el Decreto 1390 de 2025, sino también el Decreto 1474 del mismo año, que adoptó medidas tributarias fundamentadas en la declaratoria de emergencia.
La petición abarca cualquier otro decreto legislativo que se emita bajo ese mismo marco excepcional.
La organización anunció que mantendrá seguimiento permanente al proceso constitucional, en su rol de vocero técnico y jurídico de las ciudades capitales, y reafirmó su compromiso con la preservación del orden constitucional, la separación de poderes y la sostenibilidad fiscal de los entes territoriales.
