El Decreto Legislativo 1384 del 9 de septiembre de 2026, firmado por el presidente con la totalidad de sus ministros, ordena aplazar hasta el 31 de diciembre de 2026 los procesos de selección para proveer empleos públicos en toda Colombia.
Dicha medida hace parte del paquete de disposiciones expedidas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto.
La norma no equivale a una cancelación general ni a una suspensión automática de todos los concursos en curso. Su alcance varía según el tipo de proceso:
Lo que sí queda aplazado de forma general. Todos los procesos para designar directores o gerentes regionales o seccionales de establecimientos públicos de la Rama Ejecutiva nacional quedan detenidos hasta fin de año.
Mientras tanto, las vacantes se cubrirán mediante encargo, o por terna enviada al gobernador respectivo cuando se trate de departamentos incluidos en la declaratoria de emergencia (Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca).
Lo que decide la CNSC caso por caso. Para los concursos que administra directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil, el decreto no impone una pausa uniforme: autoriza al organismo a suspender o aplazar pruebas y otras etapas únicamente cuando esté en riesgo la participación de aspirantes residentes en las zonas afectadas o damnificados por el sismo.
En ese sentido, la CNSC debe motivar esa decisión mediante acto administrativo y garantizar en todo momento los principios de igualdad, mérito y publicidad.
En un comunicado emitido este jueves, la entidad confirmó que aplicará ese criterio: evaluará individualmente cada proceso de selección antes de aplicar pruebas, para determinar si existen condiciones que afecten a los participantes de las zonas golpeadas por la tragedia, y pidió a la ciudadanía estar atenta a lo que resuelva en cada caso particular.
Lo que queda en manos de cada entidad. Para los demás concursos —los que administran directamente las entidades públicas o que designan particulares con funciones públicas— no opera el aplazamiento automático.
Podrán continuar si el representante de la entidad determina, de manera motivada, que la etapa respectiva no afecta el acceso en igualdad de condiciones de las personas domiciliadas, residentes o afectadas en los territorios de la emergencia.
El decreto precisa además que ninguna actuación ya realizada pierde validez ni se afectan derechos adquiridos o situaciones jurídicas ya consolidadas.
