En medio de un fuerte intercambio de disparos al interior del Palacio Municipal de Saravena, fue asesinado esta mañana el secretario de desarrollo social de esa población, Pedro Bohórquez, junto al escolta de uno de los concejales que a esa hora ingresan al cabildo.
Hombres fuertemente armados interrumpieron la tranquilidad del centro administrativo, donde además funciona la Alcaldía, y abrieron fuego contra la humanidad del secretario, suscitándose la reacción del personal de seguridad presente en el sitio.
El funcionario contaba con medidas proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), que había catalogado su situación como de riesgo extraordinario, razón por la cual le habían sido asignados un vehículo y un esquema de acompañamiento que pese a intervenir en el momento del ataque, no pudo evitar el homicidio.
En el año 2012, cuando se conocieron las primeras amenazas contra esta persona, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo solicitó un mayor control de los organismos de seguridad a través del informe de riesgo emitido el 14 de diciembre de ese año en el que se advertía sobre el inminente riesgo que significaba la presencia de actores como las FARC y el ELN en esa jurisdicción.
Más recientemente, el 1 de abril del presente año, el SAT dio a conocer una nota de seguimiento dada la persistencia del conflicto y el escenario de riesgo para la población en la zona urbana y rural de la mencionada localidad, donde en apenas cinco meses se presentaron 22 acciones de alteración al orden público protagonizadas por los grupos armados ilegales en mención.
Según la Revista Semana, medios locales aseguran que en tan sólo dos semanas, hombres armados han asesinado a nueve personas de manera selectiva en Saravena sin que haya ninguna captura.
Por su parte, el comandante de la Policía en Arauca, comandante Camilo Ernesto Álvarez, explicó para la prensa del departamento que las medidas de seguridad que tomarán son restringir el transporte de motocicletas con parrilleros, limitar la apertura de establecimientos comerciales hasta las 12:00 de la noche y hacer un toque de queda para los menores de edad de manera tal que no salgan a las calles después de las 9:00 p.m.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, dijo que cometer un atentado de estas características en medio de la población civil, justo cuando decenas de trabajadores hacen su arribo a las dependencias de la administración municipal, constituye un acto violatorio de los derechos humanos.
La Defensoría solicitó a las autoridades competentes adelantar las gestiones necesarias para identificar e individualizar a los responsables de estos hechos, y en ese sentido consideró positivo el ofrecimiento de una recompensa para estimular la denuncia y esclarecer el atentado.
