la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió un comunicado oficial para respaldar la gestión de Irene Vélez Torres y defender el trabajo técnico adelantado frente al caso de la hidroeléctrica Urrá I y las inundaciones que devastaron comunidades de Córdoba en febrero de 2026.
La entidad reiteró su respeto por la institucionalidad y las decisiones de los entes de control, pero fue enfática en señalar que el seguimiento ambiental de la ANLA se basa en “criterios técnicos rigurosos, visitas a territorio y una revisión detallada de la documentación entregada por los titulares de las licencias.”
Para sustentar su defensa, la autoridad ambiental aportó cifras concretas. Desde 2022 hasta la fecha, la ANLA ha emitido 242 sanciones, de las cuales más del 50 % fueron proferidas durante los cuatro años de gestión bajo la dirección de Vélez Torres. Adicionalmente, las sanciones económicas impuestas por la entidad en ese mismo período le reportaron al Estado recaudos cercanos a los $198.183 millones de pesos.
El comunicado también recordó que las empresas generadoras de energía son las responsables directas de gestionar los riesgos en sus operaciones. Frente a eventos climáticos súbitos, la ANLA precisó que la obligación de actuar de forma preventiva y correctiva recae sobre el titular de la licencia, los municipios, la autoridad ambiental regional y la Unidad de Gestión del Riesgo, conforme a la Ley 1931 de 2018 y la Ley 1523 de 2012.
La entidad cerró su pronunciamiento afirmando que entregará toda la información y documentación que los entes de control requieran durante el proceso disciplinario que avanza contra su directora.
