El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Javier Díaz, manifestó su preocupación ante el riesgo de que Colombia y Ecuador ingresen en un ciclo de represalias comerciales tras el anuncio del gobierno ecuatoriano de cobrar un arancel del 30 % a productos colombianos.
El dirigente gremial consideró alarmante el mensaje emitido por el mandatario Daniel Noboa, “porque podemos terminar afectando nuestro intercambio comercial que para los dos países es más importante”.
Díaz resaltó la relevancia que tiene Ecuador como destino para la producción colombiana, especialmente en sectores manufactureros y energéticos.
“Colombia tiene en Ecuador un socio comercial, principalmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica. Entrar en una guerra de aranceles, de retaliaciones, no resulta conveniente para ninguno de los dos países”, señaló el representante de Analdex.
El líder del gremio exportador hizo un llamado urgente a las autoridades de ambas naciones para que retomen las conversaciones como mecanismo para resolver las diferencias.
Según datos de Analdex, Ecuador ocupa el sexto puesto entre los compradores de toda la oferta exportable colombiana y el segundo lugar en productos no minero energéticos.
Entre enero y noviembre de 2025, las ventas colombianas al país vecino alcanzaron 1.673 millones de dólares, aunque registraron una disminución del 3,2 % frente al mismo lapso de 2024.
La energía eléctrica encabeza la lista de productos vendidos a Ecuador con una participación del 8 % sobre el total exportado, seguida por medicamentos de uso humano (3,1 %), azúcares y sacarosa química (1,9 %), carburorreactores (1,7 %), vehículos (1,7 %) y café (1,5 %).
El presidente ecuatoriano justificó la tasa arancelaria del 30 % argumentando falta de colaboración del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico en la zona fronteriza.
Noboa señaló que su país mantiene un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares anuales con Colombia, mientras sus fuerzas militares enfrentan sin apoyo a grupos criminales vinculados al tráfico de drogas.
La medida comenzará a regir desde el 1 de febrero, lo que genera incertidumbre en los sectores productivos de ambos países sobre posibles contramedidas que profundicen el distanciamiento comercial.
