La decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la emergencia económica decretada en diciembre sigue generando reacciones. Desde la AmCham Colombia, su presidenta, María Claudia Lacouture, planteó que el fallo fija un límite claro frente al uso de este tipo de herramientas por parte del Gobierno.
Para la dirigente gremial, la determinación del alto tribunal tiene implicaciones directas sobre otras medidas similares. “Este fallo también debe trazar una línea clara para la emergencia presentada en febrero de este año y cualquier nueva emergencia que se quiera presentar”, afirmó.
Lacouture insistió en que la declaratoria de estados excepcionales no puede desplazar los procedimientos ordinarios ni el papel del Congreso. En su concepto, las decisiones adoptadas bajo este mecanismo deben cumplir condiciones estrictas. “Las medidas extraordinarias, especialmente en materia tributaria deben superar el escrutinio estricto de necesidad, conexidad y temporalidad y no pueden sustituir el debate democrático en el Congreso”, explicó.
Además, advirtió que el país ya ha tenido intentos de financiación que no han prosperado por esa vía, lo que refuerza la necesidad de mantener los canales institucionales para la discusión de reformas económicas.
En su pronunciamiento, la presidenta de AmCham también hizo énfasis en el manejo de las finanzas públicas. Consideró que el momento actual exige un enfoque distinto por parte del Gobierno. “Hoy, más que ampliar la excepcionalidad, Colombia necesita austeridad del gasto, asignación clara de recursos, inversión productiva y finanzas públicas responsables”, sostuvo.
Finalmente, remarcó el alcance del fallo en términos institucionales al señalar que “la urgencia no puede reemplazar la legalidad ni la excepción convertirse en regla”, una frase con la que resume su lectura sobre la decisión adoptada por la Corte Constitucional.
