La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por violaciones a la normatividad de contratación estatal en el proceso licitatorio para la fabricación y expedición de pasaportes.
El Ministerio Público determinó que la decisión del entonces canciller de declarar desierta la licitación careció de sustento jurídico y contravenía el principio de selección objetiva que debe regir la contratación pública. La resolución adoptada por Leyva Durán se basó únicamente en que al proceso se presentó un solo oferente, criterio insuficiente para anular el certamen.
La entidad de control estableció que el único proponente cumplía todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, razón por la cual no existían fundamentos legales para declarar desierta la convocatoria. Esta actuación configuró una transgresión a los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.
La Procuraduría calificó la conducta del exfuncionario como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, considerando que su actuación fue deliberada y contravenía abiertamente la normatividad vigente.
El fallo, firmado por el Procurador General de la Nación, tiene carácter definitivo al ser de segunda instancia y no admite recursos adicionales, consolidando así la sanción contra el exjefe de la diplomacia colombiana.
Esta decisión se suma al historial de sanciones disciplinarias contra altos funcionarios del Estado por irregularidades en procesos contractuales.
