El narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, conocido en el mundo criminal como ‘Pipe Tuluá’, presentó una acción de tutela contra la decisión que autorizó su traslado hacia territorio estadounidense.
El recurso legal pretende anular el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que dio vía libre al proceso de extradición solicitado por autoridades norteamericanas.
Según los argumentos expuestos en la demanda, Marín Silva considera que el alto tribunal violó sus garantías constitucionales durante el trámite. El accionante alega vulneración al debido proceso y restricciones indebidas a su derecho de defensa.
Respuesta del alto tribunal
La Sala Penal rechazó las acusaciones y pidió negar las pretensiones del tutelante. Los magistrados sostienen que el análisis jurídico respetó plenamente los derechos del procesado.
Para la corporación judicial, el narcotraficante intenta reabrir discusiones ya zanjadas durante el estudio de la solicitud de extradición. Los togados consideran improcedente utilizar este mecanismo constitucional para revivir debates concluidos.
El magistrado Gerson Chaverra defendió la legalidad del concepto emitido. El jurista explicó que la decisión cumple con la normativa vigente y sigue los lineamientos jurisprudenciales establecidos para estos casos.
“El concepto de extradición se ajusta a la normativa aplicable y a los criterios jurisprudenciales vigentes, lo que descarta la vulneración de los derechos fundamentales”, precisó Chaverra en su intervención como parte vinculada al proceso.
La Sala de Casación Civil asumirá el estudio de la tutela y definirá si prosperan o no los argumentos del solicitado en extradición.
El presidente Gustavo Petro ya había autorizado el traslado de ‘Pipe Tuluá’ hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con tráfico de estupefacientes.
