A través de un comunicado, la alcaldía de Montería anunció que se tomarán medidas con apoyo de la Policía Metropolitana para lograr se inicie la ejecución del contrato de comodato No 384, establecido con la Fundación de Discapacitados de Montería (28 de agosto de 2017), a fin de que puedan ejercer las funciones de administrador del Cementerio San Antonio de Montería, lo cual hasta el momento no ha sido posible por causa del anterior administrador, Rodrigo Bermúdez Peña, representante legal de la Junta Administradora del Camposanto.
Se recordó que el cementerio San Antonio de Montería, ubicado en la diagonal 3 transversal 20 del barrio Boston, fue adquirido por el Municipio de Montería mediante escritura pública No.40 de fecha 28 de enero de 1970, mediante compraventa al señor Dionisio Vélez, por lo cual este inmueble es propiedad del Municipio de Montería, autoridad encargada de determinar el modelo de administración del mismo.
Además se informó que el 5 de noviembre de 2015, la Alcaldía de Montería celebró el contrato de comodato No.454 con la Junta Administradora del Cementerio San Antonio de Montería, representada legalmente por el señor Rodrigo Bermúdez Peña, y posteriormente, el 22 de diciembre de 2016 mediante Resolución No.2311 se dio por terminado de manera anticipada este contrato de comodato, por no cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias, ambientales, legales y aspectos relacionados con la infraestructura y manejo de residuos. Esta determinación fue conocida por el señor Bermúdez mediante notificación oficial, se indicó.
Recientemente, el 28 de agosto de 2017, el Cementerio fue entregado mediante contrato de comodato No.384 a la Fundación de Discapacitados de Montería, que, según se indicó, hasta el momento no ha podido ejercer las funciones de administrador debido a que “el señor Rodrigo Bermúdez Peña, ha impedido que el personal encargado legalmente ingrese al camposanto, perturbando la tranquilidad y convivencia en este sitio sin tener ningún tipo de facultad para ello e irrespetando las disposiciones de las autoridades competentes”, señala el comunicado.
Por lo anterior, la Alcaldía de Montería con el apoyo de la Policía Metropolitana, amparados en el artículo 156 del Código Nacional de Policía y Convivencia, procederá a retirar del sitio a cualquier “persona que altere la convivencia y desacate una orden de Policía dada para cesar su comportamiento”, concluye la misiva.
