El congresista Marcos Daniel Pineda García radicó un proyecto de ley para establecer una “Tasa Compensatoria por Impacto Hidrosocial” que obligaría a las centrales hidroeléctricas a destinar parte de sus ingresos a los municipios afectados por la construcción de embalses.
La propuesta responde a décadas de transformaciones que han enfrentado comunidades en departamentos como Córdoba, donde la instalación de represas modificó el uso del suelo, inundó zonas productivas y alteró la vida social de sus habitantes.
“Colombia tiene una de las matrices eléctricas más limpias de América Latina gracias a la generación hidroeléctrica. Pero para que esa energía sea posible, departamentos como Córdoba han debido ceder tierras, permitir la inundación de suelos, modificar su vocación productiva y afrontar transformaciones profundas en su dinámica social, mientras el beneficio ha sido para todo el país”, señaló el congresista.
Según el texto radicado, las empresas que operen centrales con grandes volúmenes de agua deberán aportar recursos proporcionales al impacto generado. Estos fondos se canalizarían hacia programas de vivienda, reasentamiento, proyectos productivos, saneamiento básico y mejoras urbanas en las zonas ubicadas cerca de los embalses.
El legislador aclaró que la medida no aumentaría el costo de la energía para los usuarios, ya que no constituye un gravamen general sino un mecanismo de compensación territorial.
“El desarrollo no puede consolidarse sobre el sacrificio silencioso de algunas regiones. La compensación debe ser estructural y sostenida para quienes han puesto su territorio al servicio del país”, concluyó.
