El Gobierno Nacional mantiene deudas pendientes por subsidios eléctricos destinados a sectores vulnerables, mientras la distribuidora Afinia registra pérdidas anuales de 300 mil millones de pesos en 887 asentamientos informales de la región Caribe colombiana.
Ricardo José Arango Restrepo, gerente general de la empresa, denunció que el impago estatal agrava la crisis financiera de la compañía, que recupera únicamente el 5,19% mensual de lo facturado en estos territorios marginales donde residen 165.070 hogares.

La Ley 812 de 2003 estableció el reconocimiento oficial de estos sectores especiales y determinó garantías de acceso energético según sus capacidades económicas. Sin embargo, los recursos estatales comprometidos para subsidiar el servicio continúan sin llegar a las arcas empresariales.
Los habitantes de estos asentamientos generan un consumo mensual de 49 millones de kilovatios hora, equivalentes a una facturación de 26.483 millones de pesos. La empresa recauda apenas 1.375 millones mensuales de este monto.

Arango Restrepo advirtió que la sostenibilidad operacional enfrenta riesgos críticos por la combinación del impago de subsidios y los mínimos niveles de recaudo comunitario. La distribuidora administra 2.169 medidores colectivos que registran consumos grupales sin permitir control individual.
La compañía aún no ha descartado implementar interrupciones programadas del servicio mediante acuerdos barriales, medida respaldada por la regulación vigente. Los cortes disminuirán progresivamente cuando mejoren los indicadores de pago vecinal.
Un censo empresarial en marcha identificará establecimientos comerciales en estos territorios para diseñar esquemas diferenciados de facturación. Paralelamente, la empresa adelanta reuniones técnicas con alcaldías, gobernaciones y la Superintendencia de Servicios Públicos.
Solo 377 barrios del total poseen certificación técnica municipal actualizada, requisito fundamental para acceder a programas de normalización.
Los proyectos contemplan instalación de contadores domiciliarios, renovación de redes eléctricas y campañas pedagógicas sobre cultura de pago en comunidades que actualmente utilizan conexiones improvisadas y peligrosas.





