El Consejo de Estado ha dado luz verde al estudio de una demanda presentada por Santiago Suárez Morales, un ciudadano que busca anular la resolución 0345 del 30 de agosto de 2024. Esta resolución, firmada por el presidente Gustavo Petro, designa a cuatro disidentes de las FARC como gestores de paz por un periodo de seis meses.
Entre los disidentes nombrados se encuentra Edgar de Jesús Orrego Arango, conocido como alias ‘Firu’, cabecilla del frente 36 en Antioquia. También figuran Diego Armando Vargas Betancourt, alias ‘Boyaco’, Yenser Yosony Duque, alias ‘Oliver Gonzales’, y María Alejandra, todos ellos integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.
La resolución presidencial solicita a las autoridades judiciales suspender las órdenes de captura y otras medidas penales que pesan sobre estos individuos, quienes cuentan con un amplio historial delictivo en diferentes regiones del país.
El demandante argumenta que la designación viola diversos códigos legales y precedentes de la Corte Constitucional. Además, solicita al Consejo de Estado garantizar los derechos de las víctimas de las disidencias, asegurando que los gestores de paz sean sometidos a un proceso penal justo que respete los principios de verdad, justicia y reparación.
Uno de los puntos destacados en la demanda es la preocupación por la seguridad del accionante y otros líderes sociales, ya que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha dispuesto esquemas de seguridad para los integrantes de estos grupos armados.
En su petición, el ciudadano solicita el retiro de los esquemas de seguridad de la UNP para los integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias. Sin embargo, el Consejo de Estado no aceptó la solicitud provisional de levantar la suspensión de las órdenes de captura contra los disidentes ni suspender temporalmente el cese al fuego entre el Gobierno y las disidencias.
