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Uribe plantea modificar acuerdos para “evitar riesgo de incumplir a Farc o afectar competitividad de la economía”

A través de un comunicado, el expresidente y senador Álvaro Úribe Vélez recordó su planteamiento para modificar los acuerdos de paz entre Gobierno y Farc, y aseguró que esto es con el fin de “evitar el riesgo de incumplir a esta guerrilla o afectar la...


A través de un comunicado, el expresidente y senador Álvaro Úribe Vélez recordó su planteamiento para modificar los acuerdos de paz entre Gobierno y Farc, y aseguró que esto es con el fin de “evitar el riesgo de incumplir a esta guerrilla o afectar la competitividad de la economía y del sector privado”.

Dijo además que los “indicadores de endeudamiento” de la economía colombiana, el déficit fiscal y de cuenta corriente y la caída de la inversión privada y los impuestos, son “preocupantes”. Aseguró también que se desconoce la cifra de gasto público “adicional” anual que de derivaría de los acuerdos con las Farc.

Señala también que los acuerdos “desmotivan la inversión, traen más impuestos, más organismos del Estado, y más de 20 nuevos casos de consultas a las comunidades”. Recuerda que sin inversión privada es “imposible producir los recursos para cumplir a las Farc”.

Por lo cual, el Centro Democrático, en cabeza del senador Uribe, propone que:

  • Los compromisos económicos con Farc se cumplan en la medida que la situación fiscal-financiera lo permita, sin afectar la regla fiscal, la competitividad del sector privado y su confianza.
  • El Estado disponga de facultades para tomar decisiones cuando haya transcurrido un tiempo prudente de las consultas comunitarias. Solamente hay petróleo y gas natural para 5 ó 6 años, y más grave, la exploración está reducida a mínimos.
  • Haciendo a un lado que se negocie el futuro del campo con la Farc que ha sido uno de sus verdugos, el acuerdo necesita modificaciones. La seguridad alimentaria, dada la creciente demanda mundial, no se garantiza con una economía pequeña de estado gigante.
  • El acuerdo no debería incluir compromisos de impuestos prediales o de avalúos catastrales. Estos últimos, en lo rural, han pasado aproximadamente de 32 billones de pesos en 2002 a más de 150 billones en la fecha. Muchos incrementos han ignorado la productividad potencial y aplican un concepto de especulación inmobiliaria, contrario a la economía productiva.
  • En materia de expropiación no solamente se repite la norma existente sino que se agregan motivaciones de reparto, fracasadas en el pasado.
  • Las zonas de reserva campesina dejan de ser discrecionales para el Estado, su inclusión en los acuerdos y la obligación de regularlas con la comunidad, las hace imperativas. La congelación de la comercialización de inmuebles, dentro de su perímetro, que hoy existe, espanta la inversión.
  • La planeación imperativa del uso agropecuario causa más temores a la inversión.
  • En las materias anteriores, en restitución de tierras y en baldíos, se debe proteger a propietarios y poseedores honestos, cuya buena fe debe ser una exclusión de culpa, no desvirtuable.

Concluye el comunicado que “el problema social de Colombia no es por la empresa privada sino por falta de empresa privada. Que no la asfixien”.

 



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