Montería. El régimen de multas a imponerse en contra de las empresas prestadoras, hasta por 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es una de las nuevas herramientas que el Plan Nacional de Desarrollo, otorgó al órgano de vigilancia.
Con esta capacidad se espera que la sanción tenga un verdadero efecto disuasivo, incluso en los prestadores con una robusta capacidad económica y financiera.
El Plan Nacional de Desarrollo depositó, además, en cabeza de la Superservicios, la inspección y vigilancia de los prestadores del servicio de alumbrado público en el país.
De igual forma, la Superintendente Patricia Duque, se refirió a los criterios diferenciales para inspección, control y vigilancia respecto a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo en las zonas rurales, teniendo en cuenta sus particularidades y las diferencias existentes entre los que operan en el área urbana y rural.
“Precisamente, teniendo en cuenta esta realidad, la funcionaria invitó al sector virar su mirada hacia el campo con el objetivo de garantizar el acceso a estas comunidades en general, a los servicios de agua potable y saneamiento básico con calidad y continuidad”, expresó.
La funcionaria explicó que estas iniciativas deben ser previamente reglamentadas para su aplicación, pero desde ya se vislumbran como la mejor oportunidad para impulsar aún más la promoción de los derechos y deberes de los usuarios.
