Con una votación de 50 a favor de apartarlo del cargo, y 5 en contra, el Senado de la República, ordenó este miércoles la suspensión de su cargo del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, quien es investigado por presunta corrupción, al tratar de influir en una tutela a favor de Fidupetrol.
La votación se definió ante en Informe presentado por la Comisión de Instrucción, que pedía separarlo de su cargo.
Pretelt fue escuchado en plenaria del Senado, pero sus razones no convencieron, lo cual llevó a los congresistas a tomar la decisión de apartarlo de su cargo, mientras se defina su responsabilidad por el delito de concusión, al presuntamente exigirle 500 millones de pesos al abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, para favorecer el fallo de tutela contra esta empresa.
Ahora la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá que decidir si declara culpable o inocente al magistrado, luego de revisar las pruebas del caso, recopiladas por ese tribunal y las aportadas por el propio Pretelt, en el marco de un proceso por Ley 600.
Jorge Pretelt, cordobés, es el primer aforado en 58 años al que se le adelanta un juicio por indignidad, lo que genera que deba ser apartado de su cargo en la Corte Constitucional, para que se le adelante un proceso penal por parte de la Corte Suprema de Justicia.
¿Y ahora qué?
El paso a seguir es que la Corte Constitucional deberá escoger un remplazo en encargo, a la espera de si el magistrado renuncia definitivamente, y se escoge un nuevo integrante del alto tribunal.
El magistrado que quede en encargo podría ocupar dicha vacante hasta marzo de 2017, mes en el que termina el periodo de Pretelt en la Corte. Dicho cargo podría ser ocupado por la secretaría general de la Corte Constitucional o un magistrado auxiliar.
“Cuando se presente una falta absoluta entre los magistrados de la Corte Constitucional, corresponde al órgano que presentó la terna de la cual fue elegido el titular, presentar una nueva para que el Senado de la República haga la elección correspondiente”, señala Jurisdicción Constitucional.
