Durante la audiencia de imputación por el triple homicidio del ganadero Rafael Esteban Urueta González y sus mayordomos Fredys Beleño y Gerardo Marzola, la representante de las víctimas solicitó a la Fiscalía la imputación de delitos adicionales contra los acusados Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés.
La abogada Zunai Cabrales, representante de las familias de las víctimas, argumentó que existen elementos materiales probatorios que respaldan la ampliación de los cargos. “Consideramos que se está vulnerando una garantía a las víctimas y es la posibilidad de imputación de uno de los delitos que encuentra configurada la suscrita, y que se respaldan en elementos materiales probatorios”, expresó Cabrales durante la audiencia.
Actualmente, la Fiscalía ha imputado cuatro delitos a los acusados: homicidio agravado, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Sin embargo, la representante de víctimas considera que esta calificación jurídica es insuficiente.
Cabrales manifestó su desacuerdo con varios de los numerales agravantes y atenuantes formulados en la imputación. “En varios de los numerales agravantes y atenuantes de los cuales se formuló la imputación, no se comparte por parte de esta representante de víctimas”, señaló.
La solicitud de ampliación de cargos generó debate en la sala. El juez explicó que, en principio, la imputación es un acto de comunicación de la Fiscalía y no está sujeto a control material, salvo que se vulneren derechos fundamentales.
Por su parte, el fiscal del caso indicó que la Fiscalía aún tiene la posibilidad de adicionar cargos en un escenario posterior si se materializa otra conducta punible.
La defensa de los acusados se opuso a la intervención de la representante de víctimas en esta etapa del proceso, argumentando que podría desequilibrar el balance entre las partes.
El juez decidió continuar con la audiencia de imputación sin modificaciones, dejando abierta la posibilidad de que la Fiscalía amplíe los cargos en una etapa posterior del proceso si encuentra elementos probatorios que lo justifiquen.
La audiencia de imposición de medida de aseguramiento fue programada para el 30 de octubre, donde se espera que se debatan en profundidad los elementos probatorios y las calificaciones jurídicas de los delitos imputados.
