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Procuraduría exhorta a Cancillería a proteger los derechos de los venezolanos en Colombia

Se instó a la Cancillería  y a Migración Colombia a cobijar los derechos de los venezolanos que han ingresado de manera irregular a nuestro país.


Un informe solicitó la Procuraduría General de la Nación a la Cancillería, sobre las acciones realizadas por ésta para garantizar los DDHH de los ciudadanos venezolanos que han llegado a nuestro país, en busca de condiciones de refugiados, dado la crisis humanitaria, política y social por la que atraviesa el vecino país.

El ente de control hizo tales recomendaciones en pro de preservar los derechos de los migrantes de Venezuela.

Según la Procuraduría, es preocupante las recientes medidas adoptadas como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), desde mayo de 2017, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, son insuficientes para garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos que ingresan al país.

Por tal razón, instó a la Cancillería  y a Migración Colombia a cobijar los derechos de los venezolanos que han ingresado de manera irregular, y solicitó tener en cuenta  las obligaciones que, en materia de protección a migrantes y peticionarios de refugio, le competen al Estado colombiano, de conformidad con los instrumentos internacionales relativos a la protección de los DDHH.

“Es preocupante que frente al tema haya una política de la Cancillería y Migración Colombia que se dedica a multar, restringir y deportar, así como la demora en el trámite de las crecientes solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los ciudadanos venezolanos”, manifestó el delegado para la Defensa de los DDHH, Gabriel Cera Cantillo.

Es así como desde el Ministerio Público se hicieron a la Cancillería las siguientes recomendaciones:

  1. Adoptar políticas públicas efectivas, para garantizar los DDHH de los ciudadanos venezolanos en territorio colombiano, y revisar los avances que frente al tema han venido adelantado países como Perú, Chile y México, en materia de protección a los hijos e hijas de migrantes y en la lucha contra la apatridia, además de permitir a los ciudadanos del vecino país el acceso a servicios de salud, educación, trabajo, nacionalidad, pago de impuestos y para mitigar el riesgo de abusos e instrumentalización por parte de las organizaciones criminales para la explotación sexual, laboral y ejercicio de actividades ilícitas en el país.
  2. Revisar la situación de todos los ciudadanos venezolanos que han ingresado a Colombia de manera regular e irregular, y acogerlos dentro de las medidas de regularización anunciadas, no solo a quienes se les ha vencido el permiso de estadía por turismo, trabajo, estudio, etc., sino extenderlo a todos aquellos que han ingresado a causa de la crisis humanitaria.
  3. Revisar con Migración Colombia la política migratoria en materia de visados para que, además de las visas TP9 para refugiados y solicitantes de asilo, se diseñe la posibilidad de una visa humanitaria, como medida de política pública de protección y de respuesta humanitaria para los migrantes venezolanos.
  4. Adoptar medidas complementarias contenidas en el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo  de 1967, la Convención Americana sobre los DDHH, la Convención contra la Tortura, entre otros; y en especial se aplique, la definición adoptada en el Coloquio de los países firmantes de la Declaración de Cartagena sobre refugiados, suscrita el 22 de noviembre de 1984.
  5. Atender lo dispuesto en la reciente Sentencia de Revisión de Tutela, T-073/17 respecto al reconocimiento de las normas internacionales en materia de protección de migrantes y la consecución de sus visas de Trabajo y/o permisos temporales de trabajo que les permita continuar laborando dignamente en el país.

 

 



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