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La no entrega de menores en filas de Farc, rompe la confianza en los acuerdos: Procurador

Redacción. El Ministerio Público cuestionó que a ocho meses después de expedido el comunicado conjunto, donde se anunciaba la salida de los menores de edad reclutados por esa guerrilla,  no se evidencien avances en el cumplimiento de lo acordado. Según la Procuraduría, la salida de...


Redacción. El Ministerio Público cuestionó que a ocho meses después de expedido el comunicado conjunto, donde se anunciaba la salida de los menores de edad reclutados por esa guerrilla,  no se evidencien avances en el cumplimiento de lo acordado.

Según la Procuraduría, la salida de los niños, niñas y adolescentes en filas de las Farc, tiene un carácter estrictamente humanitario, vital para alcanzar la paz estable y duradera.

“En el marco del mencionado comunicado conjunto solo se ha hecho entrega de 12 adolescentes. Las edades de estos adolescentes están entre los 15 y 17 años. Esto significa que no se ha cumplido con la entrega de ningún niño, niña y adolescente menor de 15 años”, señaló la Procuraduría.

El comunicado del Ministerio Público, agrega que “hay serios problemas en la entrega de información sobre el número de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, por lo que urge la necesidad de una información fiable e inmediata para evitar así la salida de los campamentos sin que el Estado active el sistema de protección La salida por la puerta de atrás no es una opción”.

Este es el comunicado completo.

En el comunicado conjunto 70 de 15 de mayo de 2016, el gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron como una medida de construcción y confianza entre las partes y frente a la sociedad colombiana, la salida progresiva de los niños, niñas y adolescentes menores de 15 años de los campamentos de la guerrilla.

Ocho meses después de expedido el comunicado conjunto, la Procuraduría General de Nación no evidencia avances en el cumplimiento de lo acordado, lo cual tenía un carácter estrictamente humanitario, vital para alcanzar la paz estable y duradera que anhelamos todos los colombianos.

  • En el marco del mencionado comunicado conjunto solo se ha hecho entrega de 12 adolescentes.
  • Las edades de estos adolescentes están entre los 15 y 17 años. Esto significa que no se ha cumplido con la entrega de ningún niño, niña y adolescente menor de 15 años.
  • El Ministerio Público evidencia serios problemas en la entrega de información sobre el número de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, por lo que urge la necesidad de una información fiable e inmediata para evitar así la salida de los campamentos sin que el Estado active el sistema de protección. La salida por la puerta de atrás no es una opción. 

El Estado, en los casos de los 12 adolescentes, ha intervenido a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Sin embargo se han advertido problemas para aceptar que se debe dar cumplimiento a la normativa internacional y nacional que obliga a la protección y restablecimiento de derechos de todo niño, niña y adolescente que se encuentre en el territorio colombiano, lo que implica la participación activa del ICBF. 

Es imperativo que se acepte la institucionalidad porque solo así el proceso de reintegro podrá ser exitoso.

  • Si bien los defensores se han encargado de activar el sistema de restablecimiento de derechos de cada uno de esos adolescentes, en 9 casos con el reintegro familiar y en otros 3 con la ubicación en casas de protección, se requiere el seguimiento individual para cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado frente a ellos.
  • La Procuraduría está vigilante y cuenta con un informe sobre la situación de cada uno de esos 12 adolescentes y continuará con el seguimiento correspondiente. 

Se requiere con urgencia el protocolo de entrega convenido, en el que se dé cumplimiento a los estándares internacionales y nacionales en procura de salvaguardar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, protocolo que según lo han informado debe ser aprobado hoy. 

Ese protocolo, en relación con los niños, niñas y adolescentes de las comunidades negras e indígenas, debe cumplir con el punto 6 del acuerdo para asegurar la coordinación entre la institucionalidad y las autoridades respectivas, a fin de garantizar el proceso de armonización y adecuación cultural.

La Procuraduría General de la Nación estará vigilante para que se establezca el número de mujeres embarazadas, madres lactantes y niños, niñas y adolescentes, hijos de quienes están hoy llegando a las zonas de reagrupamiento, quienes requieren igualmente la atención prioritaria para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos al que está obligado el Estado colombiano. 



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