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Juez definió situación jurídica de los detenidos por el presunto desfalco al Icbf

Montería. Luego de casi 15 días de audiencias preliminares, un juez con funciones de control de garantías definió de manera preventiva la situación jurídica de las nueve personas que fueron capturadas por el presunto detrimento de 2 mil 705 millones de pesos que habían sido...


Montería. Luego de casi 15 días de audiencias preliminares, un juez con funciones de control de garantías definió de manera preventiva la situación jurídica de las nueve personas que fueron capturadas por el presunto detrimento de 2 mil 705 millones de pesos que habían sido destinados para la primera infancia en el departamento de Córdoba.

En la audiencia que finalizó en las horas de la noche de este viernes 19 de mayo, el juez estableció que cinco de los detenidos serían cobijados con detención intramural, tres con domiciliaria y una con medida no privativa de la libertad.

Según el togado, Jorge Luis Peña Atencio, Iván Darío Ruiz Puente, Leila Vitola y Mariela Peña Sibaja, serán internados en la cárcel Las Mercedes de Montería, mientras que Carlos Lázaro Arroyo será relucido en la cárcel para funcionarios públicos de Corozal.

Con la medida domiciliaria fueron cobijados José Alfredo Ricardo Hernández, Cindy Bermúdez Cuítiva, y Kety Sánchez Hernández. De otra parte, a Grey Andrade Durango le fue otorgada una medida no privativa de la libertad, pero sigue sujeta a la investigación.

En su momento el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, aseguró que las personas antes mencionadas incurrieron en los delitos de concierto para delinquir, peculado, falsedad en documentos y ocultamiento de documentos. Lo que les habría permitido apropiarse de millonarias sumas de dinero a través de la Fundación Tierra Nuestra.



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