En el desarrollo de una ceremonia de ascenso de oficiales de la Policía en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que aquellos miembros de las Farc que no se acogieron al proceso de paz, y quedaron por fuera de la Justicia Especial para la Paz (JEP), han sido declarados “objetivos de alto valor”, para la Fuerza Pública.
La JEP, columna vertebral del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc, será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).
Santos enfatizó ante los 11 brigadieres que “la consigna ahora es defender la paz con toda la contundencia, que han demostrado a través de estos últimos años”.
Aproximadamente el 55 % de los excombatientes abandonaron las áreas habilitadas para su transición, según informó la ONU en el pasado mes de noviembre.
Además, se han conformado grupos por cerca de 700 disidentes de la exguerrilla con presencia en el sur y suroeste del país dedicados al narcotráfico y otras actividades ilegales, lo cual ha generado desplazamientos de cerca de 166 familias, en el Cauca, recientemente.