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“Falsos Positivos” deben ser juzgados por Justicia Ordinaria: ONU

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó a nuestro país, este viernes, para que se tomen las medidas necesarias para que todos los casos de desaparecidos sean asumidos por la jurisdicción judicial ordinaria y no quede espacio para la investigación por...


El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó a nuestro país, este viernes, para que se tomen las medidas necesarias para que todos los casos de desaparecidos sean asumidos por la jurisdicción judicial ordinaria y no quede espacio para la investigación por la justicia militar. Esto fue inferido como conclusiones de la evaluación por parte de este Comité a los casos registrados en Colombia.

En ellas se indica especialmente que al comité “le preocupa la información recibida acerca de que muchos de los casos denominados ‘falsos positivos’, calificables como ejecuciones extrajudiciales que asimismo encuadran en la definición de desaparición forzada de la Convención, se encuentran radicados en la jurisdicción penal militar con la consecuencia de que no se garantiza una investigación independiente e imparcial ni su adecuada calificación jurídica”.

Por lo cual se hace estas recomendaciones.”El derecho internacional establece muy claramente que las desapariciones forzadas, que son un crimen internacional, no deben juzgarse en la jurisdicción militar. La ley colombiana así lo recoge, pero en la práctica sí que ocurre, y esto debe cambiar”, indicó Rainer Huhle, miembro del comité y relator del caso de Colombia.

“Los ‘falsos positivos’ se investigan en muchos casos en cortes militares como simples homicidios cuando no lo son. En la mayoría de los casos comenzaron como desapariciones forzadas y acabaron como ejecuciones extrajudiciales, ambos crímenes internacionales”, enfatizó el relator.

Así mismo, el Comité destaca los esfuerzos hechos por el estado colombiano en los últimos años, pero lamenta que Colombia aún tenga numerosos retos y desafíos en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Los expertos llaman la atención también sobre el subregistro de este delito.

Según informó la delegación gubernamental durante la sesión de evaluación, hasta el pasado 31 de julio las víctimas de presuntas desapariciones forzadas registradas por la Fiscalía se elevaban a 82.505.

Sin embargo, el Registro Nacional de Desaparecidos (RND), cuyas cifras comprenden el periodo de 1938 al pasado mayo, incluye una clasificación según la cual las desapariciones presuntamente forzadas se elevan a 23.494, mientras que las desapariciones sobre las que se carece de información totalizan 89.974.

Al respecto, el Comité sugiere fijar un plazo para finalizar el proceso de depuración del RND para que a la mayor brevedad posible consolide todos los casos de personas desaparecidas de manera efectiva y con información lo más exhaustiva posible.

Asimismo, urge al Estado a adoptar “las medidas necesarias para generar información estadística que permita conocer la magnitud del fenómeno de la desaparición forzada en sentido estricto, esto es cuando hubiese agentes estatales presuntamente involucrados, directa o indirectamente, en la comisión del delito”.

“Es esencial que los diferentes registros se consoliden para tener una imagen real del delito de desaparición forzada. Cuántos, quiénes fueron los responsables, en qué época hubo más o menos”, sostuvo Huhle.

Además con referencia a la participación de funcionarios del Estado y, concretamente, de altos cargos, el Comité recomienda que se hagan las modificaciones legislativas necesarias “con miras a incorporar específicamente en la legislación penal la responsabilidad penal de los superiores” tal y como establece la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.

Con información de Agencia EFE.



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