Defensoría pide tomar medidas por acciones de disidentes de FARC

Bogotá, 11 nov (EFE).- La Defensoría del Pueblo pidió hoy a las autoridades que tomen medidas urgentes para proteger a la población civil frente a las acciones armadas que realizan disidentes de las FARC que formaban parte del Frente Primero y su compañía «Urías Cuellar». Por esas acciones existe el riesgo de reclutamiento forzado, accidentes por minas antipersonal, extorsiones e intimidaciones en tres municipios del selvático departamento del Vaupés, indicó el ente defensor en un comunicado. Según la Defensoría, estos...


Bogotá, 11 nov (EFE).- La Defensoría del Pueblo pidió hoy a las autoridades que tomen medidas urgentes para proteger a la población civil frente a las acciones armadas que realizan disidentes de las FARC que formaban parte del Frente Primero y su compañía «Urías Cuellar».

Por esas acciones existe el riesgo de reclutamiento forzado, accidentes por minas antipersonal, extorsiones e intimidaciones en tres municipios del selvático departamento del Vaupés, indicó el ente defensor en un comunicado.

Según la Defensoría, estos disidentes «vulneran los derechos fundamentales a la vida, la libertad e integridad personal de la población civil de los municipios de Mitú, Carurú y Taraira y las áreas no municipalizadas de Papunahua, Yavaraté y Pacoa».

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El Frente Primero se declaró en disidencia al proceso de paz que el Gobierno desarrolla con las FARC y que ahora se encuentra en un limbo tras el rechazo al acuerdo en el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Los líderes de las FARC se reunieron con los miembros del Frente Primero y cambiaron a sus comandantes, por lo que la mayor parte de esa unidad aceptó finalmente el acuerdo y enviaron un delegado a la Décima Conferencia Nacional Guerrillera en la que aprobaron el acuerdo de paz y la dejación de las armas.

Sin embargo, un pequeño grupo del Frente Primero abandonó las filas de las FARC y se mantuvo en armas.

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En este sentido, la Defensoría del Pueblo destacó que existe riesgo de desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones, reclutamiento de menores, instalación de minas antipersona que, unido a los retenes ilegales, afectan la libre movilización de comunidades indígenas y las labores diarias de cultivo.

También consideran factible que haya homicidios selectivos, hostigamientos y ataques armados, «uso de medios y métodos para generar terror en la población» e intensificar las intimidaciones y el control social para que las comunidades acaten las exigencias y pautas de conductas establecidas.

Por todo ello, solicitaron al Gobierno «y a las autoridades competentes» que adopten «eficaces medidas de prevención, protección y atención humanitaria de carácter integral». EFE

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