De acuerdo con la Defensoría del Pueblo desde el 2015 se ha advertido los riesgos, debido a la incursión del Grupo Armado Posdesmovilización de las AUC Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del ELN en la margen occidental del Bajo Atrato (cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Domingodó y Cacarica).
El ente reporta que entre finales de 2015 y comienzos de 2016, combates entre los grupos armados ilegales causaron el desplazamiento forzado de más de 1.000 personas y el confinamiento de unas 6.000 en las cuencas de los ríos Truandó y Salaquí.
En diciembre de 2016, las AGC incursionaron en la cuenca del río Cacarica, sector de Balsas, y a finales de enero de 2017, continuaron avanzando hacia la cuenca del río Cacarica.
Situación en Bajo Atrato
El pasado 6 de marzo las AGC incursionaron en la cuenca del río Truandó, en donde se ha venido posicionando el ELN desde el segundo semestre de 2015. El 9 de marzo se iniciaron combates entre ambos grupos ilegales, sin que se conozca la situación debido a que las AGC restringieron el ingreso a la cuenca.
El 7 de marzo, las AGC secuestraron a varios pobladores de la comunidad de Domingodó Pueblo (municipio de Carmen del Darién), pero ante la resistencia civil de los pobladores y la respuesta de la Armada Nacional el grupo armado se retiró y dejó en libertad a las personas. Sin embargo, persiste el riesgo de que vuelvan a incursionar.
Además, el 9 de marzo la Defensoría conoció de la incursión de las AGC en la cuenca del río Jiguamiandó, en el Resguardo Urada Jiguamiandó, en un proceso expansivo iniciado en diciembre de 2015 de Pavarandó a Curbaradó y Jiguamiandó.
Cabe recordar que entre septiembre de 2015 y el 9 de marzo de 2017, las Regionales de Urabá y Chocó, el SAT y la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada han enviado unas 40 comunicaciones requiriendo medidas de prevención, protección y atención.
Desplazamiento en Baudó
Por otra parte, el 4 de marzo de 2017 las AGC incursionaron en la comunidad negra de Peña Azul en el municipio de Alto Baudó, lo cual derivó en combates con el ELN, causando el desplazamiento forzado de más de 500 personas hacia la cabecera municipal (Pie de Pató) y el confinamiento de más de 1.200 personas.
Así mismo, la Defensoría viene recibiendo alertas sobre incremento en el riesgo de desplazamiento, confinamiento y graves vulneraciones de derechos en los municipios de Bajo Baudó y Medio Baudó.
La Defensoría del Pueblo Regional Chocó ha realizado labores de documentación y acompañamiento en terreno a las comunidades afectadas por el conflicto armado, haciendo presencia directamente en Pie de Pató.
Ante esta crisis humanitaria, el Defensor Negret hizo un llamado al Gobierno para que de manera urgente se convoquen misiones humanitarias interinstitucionales a las subregiones del Bajo Atrato y el Baudó, para tomar medidas pertinentes de atención, prevención, protección, restablecimiento de derechos y garantías de no repetición.