El Consejo de Estado admitió la demanda que interpuso en agosto pasado el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en contra de los numerales que determinan el blindaje jurídico de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.
Si bien el Consejo de Estado denegó la solicitud que había hecho la Procuraduría de suspender provisionalmente esos dos numerales de dicho Acto Político, recordó que el Gobierno Nacional no puede realizar las tareas allí pactadas sin que se cumpla y den los resultados de la refrendación popular.
En este sentido, el Consejo de Estado sostuvo que lo anunciado por Gobierno y las FARC en el Comunicado Conjunto No. 069 del 12 de mayo de 2016 son “dos misiones sometidas a la condición inevitable de que el Acuerdo Final ya firmado por los equipos negociadores de las partes, sea finalmente suscrito por el país mediante el plebiscito por la paz”.
El jefe del Ministerio Público llamó la atención del Gobierno Nacional para que se abstenga de depositar en la sede de los Convenios de Ginebra el Acuerdo Final y hacer una declaración unilateral ante las Naciones Unidas pretendiendo la acogida y vigencia internacional del mismo, sin que el pueblo lo haya aprobado mediante el plebiscito anunciado para el 2 de octubre.