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Compañía estadounidense demanda a Colombia por 83 mil millones de pesos

La companía estadounidense demandó a la ANLA y a Cormacarena, luego que le quitaran la licencia ambiental para hacer exploración petrolera cerca a Caño Cristales.


La compañía estadounidense Hupecol Operating Co. demandó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a Cormacarena, luego de que les fuera quitada la licencia ambiental para hacer exploración petrolera cerca de Caño Cristales.

Más de 83.000 millones de pesos pide la empresa como reparación directa por los daños que, en su criterio, causó la cancelación de la licencia que había obtenido para explorar 150 pozos petroleros en la Sierra de La Macarena, a 68 kilómetros de Caño Cristales.

Según la compañía estadounidense, que le haya sido revocada la licencia ambiental para ese proceso, generó 20.881 millones de pesos en pérdidas producto de las inversiones que se comenzaron a hacer para ejecutar el proyecto, y 62.177 millones por lucro cesante, razones más que ameritan pedir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que proteja sus intereses.

Así las cosas, la nación se juega un pleito multimillonario debido a la decisión de cuidar las reservas naturales del país. Una decisión bastante polémica, ya que se dio un mes después de que la ANLA le diera luz verde a Hupecol para empezar con la exploración.

De acuerdo con la demanda entablada por la compañía, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) conocía las intenciones de Hupecol de ingresar a la zona desde el 26 de julio de 2010. Es por esto que la empresa no entendió su oposición a la iniciativa en 2015.

En la demanda de 60 páginas Hupecol sostiene que el concepto que presentó Cormacarena, en el que declaró no viable el proyecto exploratorio, llegó por fuera del tiempo establecido por la ley, ya que ellos habían realizado el papeleo correspondiente y en el tiempo que marca la ley para obtener el permiso.

Por ahora, el río de los cinco colores como es conocida la reserva está siendo protegida por la ANLA, mientras que la Nación pelea por vía jurídica el patrimonio ambiental de los colombianos.



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