Abren lupa disciplinaria a la Agencia Nacional de Tierras por millonario contrato de eventos

La indagación previa fue iniciada a partir de información conocida públicamente donde se indicó que "al parecer el bilateral fue suscrito mediante la figura de contratación directa sin recurrir a un proceso de licitación.
1 mes atrás

La Procuraduría General realizó inspección disciplinaria en instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por presuntas irregularidades en contrato de organización de eventos con Puerta de Oro Empresa de Desarrollo del Caribe S.A.S. que ascendió a cerca de 29.000 millones de pesos, en desarrollo de indagación previa que investiga procedimientos contractuales.

La diligencia fue adelantada por funcionarios de la Tercera Delegada para la Contratación Estatal y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, quienes revisaron documentación relacionada con proceso contractual, “especialmente las etapas de planeación, suscripción y ejecución”, según informó el Ministerio Público.

La indagación previa fue iniciada a partir de información conocida públicamente donde se indicó que “al parecer el bilateral fue suscrito mediante la figura de contratación directa sin recurrir a un proceso de licitación, y aparentemente se habría otorgado el 100% del valor del mismo como anticipo sin que se hubiese cumplido el objeto contractual”.

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Con apertura de indagación, el órgano de control busca “confirmar o descartar la presunta irregularidad e identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una investigación disciplinaria” contra funcionarios de la ANT responsables del proceso contractual cuestionado.

El contrato con Puerta de Oro S.A.S. para organización de eventos por valor cercano a $29.000 millones presenta cuestionamientos sobre uso de contratación directa evitando licitación pública, además de entrega total del valor como anticipo sin verificación de cumplimiento del objeto contractual pactado entre las partes.

La Procuraduría continúa revisión documental para establecer si hubo violación a normativa de contratación estatal que exige procesos competitivos para montos significativos y desembolsos condicionados a avances verificables en ejecución de obligaciones contractuales.

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