Por primera vez desde su creación, en 1991, la Fiscalía ha decidido transformar completamente no solo cómo está organizada sino cómo investiga. Una ley aprobada el año pasado y ocho decretos promulgados en enero son la base de los cambios. A partir de ahora deberá gerenciarse de forma radicalmente distinta. Y van a cambiar drásticamente los métodos de investigación. Una ambiciosa reforma cuyo resultado está por verse y que definirá el balance final de la administración de su autor, el fiscal Eduardo Montealegre.
Un terremoto sin precedentes en sus casi 25 años de historia sacude a la Fiscalía General de la Nación. Uno de los organismos estatales más grandes y poderosos del país pasa por una revolución que va a cambiar la vida de sus 25.000 funcionarios y, si funciona, la de millones de ciudadanos.
La Fiscalía va a empezar a trabajar siguiendo un nuevo modelo de investigación penal, que ya viene aplicándose en algunas áreas. En lugar de que los fiscales se dediquen a investigar todos los delitos, desde pequeñas infracciones hasta crímenes contra la humanidad, como se hace ahora, se van a priorizar los crímenes más graves y de mayor impacto y los procesos más relevantes buscando entender los contextos en los que se cometen y los llamados fenómenos de macrocriminalidad. Además, se van a aplicar filtros para desechar casos que no son competencia de los fiscales.
Adaptar la Fiscalía a este nuevo modelo de investigación penal significa, según el fiscal Montealegre “todo un cambio de mentalidad al interior”. Dar un timonazo a ese inmenso navío es un reto colosal. La Fiscalía recibe unos 2 millones de denuncias al año. La carga media que tiene un fiscal es de 350 a 400 procesos, cuando el máximo debería ser de unos 85. En Bucaramanga, Pasto, Santa Marta o Villavicencio cada fiscal tiene entre 700 y 800 procesos. Hay seis modelos distintos para atender a la gente.
Hoy la Fiscalía está dividida en tres grandes estructuras, que se replican en las seccionales: el CTI, con casi 10.000 funcionarios; la Dirección Nacional de Fiscalías, con unos 8.000, y la parte administrativa, con 4.000. Esta estructura da paso a 16 direcciones. La mitad de ellas, que tienen que ver con los temas estratégicos de política y administración, dependen del fiscal. Las otras, operativas, del vicefiscal, Jorge Perdomo. El fiscal, que tenía adscritas a su despacho cinco fiscalías, solo mantiene la delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Las demás pasan a dos direcciones, y se reorganizan con el objetivo de especializarlas.
Habrá una inyección de personal, con más de 3.200 nuevos funcionarios. En los próximos tres años, el número de fiscales pasará de 4.500 a 5.500, y el de investigadores profesionales, de 65 a casi 1.000.
La reforma de la Fiscalía es esperada y necesaria. El gran reto de sus autores es lograr que su paquidérmico navío cambie de rumbo. Pero, para resolver los inmensos problemas que arrastra el sistema judicial, es apenas el primer paso.
