Asesor en Invías y contratista en Medellín: el doble cargo por el que destituyen al esposo de Ricardo Roa

Ocho años de inhabilidad para Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, por ser asesor de Invías y contratista del Pascual Bravo.
15 minutos atrás
Foto: Redes Sociales.

La Procuraduría General de la Nación destituyó a Carlos Julián Caicedo Cano, esposo de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol durante el gobierno de Gustavo Petro, y lo inhabilitó por ocho años para ocupar cargos públicos por violar el régimen de incompatibilidades.

La Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá dictó el fallo de primera instancia el 13 de noviembre de 2026. Según el expediente, Caicedo Cano trabajaba como asesor código 1020 grado 08 en la Dirección General del Instituto Nacional de Vías (Invías), un cargo de libre nombramiento y remoción.

Mientras ocupaba ese puesto, el funcionario tenía también un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, de Medellín. El ente de control encontró que tener los dos vínculos al mismo tiempo violaba las normas que prohíben ese tipo de acumulación de funciones en el servicio público.

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El proceso empezó con una publicación periodística del 7 de junio de 2023 que reveló los contratos con el Estado de la pareja de Roa. Ese informe cuestionó la doble vinculación del asesor con la entidad vial y con la universidad antioqueña.

Siete días después, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá abrió una indagación previa para identificar a los responsables. El 9 de noviembre de 2023, esa misma dependencia abrió la investigación disciplinaria formal contra Caicedo Cano y le notificó la decisión por edicto el 11 de diciembre de ese año.

La abogada Adriana Marcela González Matamoros asumió la defensa del investigado en diciembre de 2023. Meses después le pasó el poder al abogado Hernando Ballesteros Traslaviña, a quien el despacho le reconoció personería jurídica el 20 de junio de 2024.

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La etapa de investigación terminó el 7 de junio de 2024, cuando el organismo disciplinario abrió el plazo para que las partes presentaran sus alegatos precalificatorios. La Procuraduría también sumó al expediente principal otra actuación disciplinaria relacionada con los mismos hechos.

Con esta decisión, el exasesor de Invías no podrá trabajar en el Estado durante los próximos ocho años.

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