La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría buscado acceder a la información detallada del censo electoral colombiano dos meses antes de la primera vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, mediante la Registraduría Nacional. La petición, firmada por el entonces director encargado de la entidad, René Guarín, quedó registrada en documentos que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló el lunes 16 de noviembre.
Según la investigación periodística, la comunicación salió el 9 de abril de 2026 y tenía como asunto “Envío de información de contrainteligencia”. En el tercer apartado, Guarín habría planteado un requerimiento para obtener la base de datos de los ciudadanos habilitados para votar.
El documento incluyó la siguiente solicitud: “Para efectos de interoperabilidad y procesamiento en nuestros sistemas de análisis, se solicita de manera formal el suministro de la información que integra el censo electoral nacional vigente en un archivo plano que contenga los siguientes campos discriminados de la población apta para votar”.
¿Qué información solicitó la DNI?
La comunicación, conocida a través de la investigación de Noticias Caracol, especificó seis categorías de información que la entidad pretendía recibir:
- Identificación: número de cédula de ciudadanía.
- Género: clasificación entre hombres y mujeres.
- Edad: años cumplidos de cada ciudadano.
- Grupo poblacional: pertenencia a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo Rom.
- Puesto de votación: nombre, dirección, municipio y departamento.
- Vigencia: confirmación de la habilitación para ejercer el voto.
La DNI argumentó que necesitaba esos registros para labores relacionadas con la seguridad nacional.
Esta nueva revelación ocurre en medio de las investigaciones contra Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la DNI capturado en Neiva, Huila. Documentos internos relacionan al ingeniero con una presunta estructura que habría coordinado activistas digitales y hackers para intervenir los resultados electorales.
La Fiscalía le atribuye posibles delitos informáticos, concierto para delinquir, falsedad material en documento público y fraude procesal. Los investigadores también examinan la presunta extracción de una copia del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia.
Las autoridades buscan establecer quién permitió que el exfuncionario conservara acceso a información reservada pese a la orden de captura expedida el 7 de mayo de 2026.





