La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) quiere que la ley de rescate económico garantice 30 años de estabilidad jurídica a los proyectos de inversión.
Frank Pearl González, presidente del gremio, planteó en una entrevista que esa garantía no se limite a la industria de hidrocarburos y llegue también a infraestructura, construcción y turismo.
El dirigente explicó que los capitales extranjeros necesitan reglas de juego estables durante la vida de los proyectos, “porque eso es lo que requieren los mercados serios y los inversionistas”. Para los demás sectores, la garantía podría aplicarse con montos distintos según el tipo de actividad.
Pearl destacó el caso del turismo, uno de los renglones que más empleo directo generan. “Colombia necesita traer inversión en muchos sectores de la economía”, afirmó.
Según el vocero, la meta es que la creación de empresas y el capital privado saquen al país del hueco fiscal, impulsen un crecimiento sostenido y financien la agenda social. La propuesta busca, en sus palabras, “rescatar el país de la crisis fiscal”.
El proyecto que el Ministerio de Hacienda radicó el 29 de octubre en la Cámara de Representantes ofrece un plazo menor.
El texto crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), con 16 años de estabilidad jurídica para grandes inversiones. También fija una tarifa de renta del 20 % para los proyectos que arranquen en 2027 o 2028 y del 26 % desde 2029, sin sobretasas.
El presidente Abelardo de la Espriella le pidió al Congreso darle trámite de urgencia a la iniciativa, radicada como Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara.
El líder de la ACP sostuvo que el sector petrolero perdió atractivo por unas sobretasas tributarias que lo dejaron por fuera del mercado. Recordó que un informe de Standard & Poor’s ubica a Colombia en el último lugar entre 100 países en competitividad tributaria para hidrocarburos.
Pearl comparó ese panorama con el de Argentina y Guyana, que ofrecen regímenes especiales con tasas cercanas al 26 %. Argentina, según sus cifras, ya tiene 56.000 millones de dólares en proyectos comprometidos y más de 150.000 millones a la espera de autorización del Gobierno.
