En la novena Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, en Cartagena de Indias, Bolívar, el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Sergio Arturo Piñeros Botero, anunció que la entidad expedirá los términos de referencia para el fracking. Informó además que el Ministerio de Ambiente envía a Presidencia un decreto sobre la consulta previa.
Con esa norma, las empresas podrán radicar su solicitud de licencia ante la ANLA mientras avanza la consulta con las comunidades, aunque ninguna licencia saldrá antes del cierre de ese proceso. “Esto es una noticia muy importante para el país”, afirmó el funcionario ante gremios y operadores del sector.
Según Piñeros, los lineamientos para yacimientos no convencionales avanzarán al mismo tiempo que el ajuste a la metodología general de estudios ambientales, porque ambos documentos deben guardar coherencia. A quienes dudan de los plazos les respondió que la entidad no arranca de cero, ya que las herramientas y los documentos existen.
En Colombia hoy no se hace fracking, ni siquiera en fase piloto. Los únicos proyectos fueron dos pilotos de investigación en Puerto Wilches, Santander. El presidente Abelardo de la Espriella, posesionado el 7 de agosto, prometió autorizar la técnica con control ambiental.
“Aquí no se está hablando de flexibilización ambiental”, sostuvo Piñeros, quien llegó a la dirección de la ANLA el 13 de agosto. A su juicio, la metodología que recibió la actual administración estaba “ideológicamente minada” con elementos que frenaban el licenciamiento de proyectos.
La próxima semana saldrá una resolución que modifica el artículo 6 de la norma más reciente, para que cada usuario elija entre la metodología de 2018 y la vigente. La propuesta de una nueva metodología general debe quedar lista en diciembre para hacerla pública.
En compensaciones e inversión forzosa del 1%, el director calculó que puede haber 1,8 billones de pesos pendientes, aunque reconoció que no tiene la cifra exacta. La meta es que esos recursos se queden en la región y financien bioeconomía e investigación, en lugar de limitarse a la compra de predios o a reforestaciones pequeñas.
Piñeros señaló que un licenciamiento puede tardar cuatro años, de los cuales 90 días corresponden a la ANLA. Para recortar los cuatro a doce meses que pueden perderse antes del auto de inicio, la entidad prepara pilotos de inteligencia artificial para la verificación preliminar de documentos, a los que se unirá Geopark.
Entre los casos recientes, contó que la ANLA tramitó en 15 días una modificación pedida por Petrobras, a la que ahora le falta la licencia del ducto submarino para pasar a la explotación. La compañía opera el proyecto de gas Sirius, en el Caribe, con 44,4% de participación junto a Ecopetrol.
