La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las extintas Farc-EP, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias ‘Pastor Alape’, ambos exintegrantes del último Secretariado. La decisión, divulgada en Bogotá el martes 3 de noviembre de 2026, corresponde a hechos ocurridos en el Caribe y el Magdalena Medio.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, a través del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, los declaró máximos responsables dentro del Caso 10, que reúne los crímenes no amnistiables de la antigua guerrilla que otros casos no abordaron. Los otros nueve eran comandantes regionales.
Por el Bloque Magdalena Medio fueron imputados Erasmo Traslaviña Benavides, Pedro Trujillo Hernández y Jairo Reinaldo Cala Suárez. Por el Bloque Caribe, Abelardo Caicedo Colorado, Osmany Landero Fajardo, Gilberto de Jesús Giraldo David, Luis Alejandro Cuadras Solórzano, Uriel Antonio Oviedo Aldana y Héctor Enrique Hernández López.
Entre los crímenes de guerra figuran homicidio, desplazamiento forzado, ataques contra la población civil, tortura, violación y violencia sexual. Como crímenes de lesa humanidad, la JEP les atribuye asesinato, traslado forzoso, desaparición forzada y otros actos inhumanos, delitos que no pueden recibir perdón judicial.
La decisión documenta la toma de Chalán, en Sucre, en 1996, cuando un burro bomba causó la muerte de 11 policías. También recoge el atentado contra la caravana de Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla, Atlántico, en 2002, y la masacre de 34 campesinos en la finca La Duquesa, en Tibú, Norte de Santander, en 2004.
La Sala fundamentó la imputación en los relatos de 733 víctimas. La JEP indicó que en la justicia ordinaria más del 95 % de los procesos por estos crímenes no llegó a juicio.
Los excomandantes tienen hasta el 8 de diciembre para reconocer por escrito los hechos o rechazarlos. Las víctimas y el Ministerio Público pueden presentar observaciones hasta el 8 de febrero de 2027.
Quienes reconozcan su responsabilidad enfrentarían una audiencia pública y sanciones restaurativas sin cárcel. Quienes la nieguen pasarían a la Unidad de Investigación y Acusación, y podrían pagar hasta 20 años de prisión si un juicio los halla responsables.
