La Procuraduría Regional de Instrucción de Córdoba ordenó terminar y archivar de forma definitiva la investigación disciplinaria contra 19 concejales de Montería, Córdoba, por la aprobación del Acuerdo N.° 006 del 21 de febrero de 2024. Ese acuerdo autorizó a la Alcaldía un cupo de endeudamiento de hasta 200.000 millones de pesos.
La procuradora regional Yissela del Carmen Acosta Vásquez firmó la decisión el 28 de octubre de 2026. Según el auto, la primera conducta cuestionada no constituye falta disciplinaria y la segunda nunca ocurrió.
Deiver Acosta Pimienta radicó la queja el 15 de octubre de 2024. Alegó que el Concejo cedió sus funciones de manera permanente al extender la autorización hasta el 31 de diciembre de 2027. También sostuvo que los cabildantes aprobaron el proyecto en ambos debates sin estudio ni discusión suficientes.
El despacho concluyó que facultar al alcalde para contratar empréstitos es una competencia que la Constitución y la ley otorgan a la corporación. La fecha límite coincide con el cierre del periodo constitucional 2024-2027, de modo que el permiso tiene un vencimiento cierto.
Los documentos que el propio denunciante aportó desmintieron su segundo señalamiento. La Comisión Tercera de Presupuesto socializó la iniciativa el 12 y el 14 de febrero con las secretarías de Infraestructura y Hacienda. La aprobó por unanimidad el 15 de febrero, y la plenaria le dio luz verde el 21 de ese mes, en días distintos como exige la ley.
El Ministerio Público recordó que el acuerdo goza de presunción de legalidad y que revisar su validez le corresponde al juez contencioso, no al proceso disciplinario. El expediente no contiene ninguna prueba de que el acto haya sido anulado o suspendido.
Entre los beneficiados con el archivo están Gian Xavier Berrío Cárcamo y Elkin Darío Ávila de Ávila, entre otros cabildantes. Acosta Pimienta todavía puede apelar la decisión.
