La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia advirtió que el despliegue militar en Cúcuta, Norte de Santander, y su Área Metropolitana debe cumplir estándares estrictos, para que la respuesta a la violencia urbana no termine vulnerando los derechos de la población.
El organismo recordó que el orden público y la seguridad ciudadana deben estar, ante todo, a cargo de la Policía, que es un cuerpo civil. Según la ONU, las Fuerzas Militares solo deben intervenir en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria y como apoyo, siempre subordinadas a la autoridad civil y bajo la regulación y vigilancia de los entes de control.
También pidió que los uniformados desplegados en la ciudad usen la fuerza con las mismas reglas que se aplican a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, solo cuando sea excepcional, proporcional y absolutamente necesario.
La entidad insistió en que la operación militar dispuesta para apoyar la seguridad ciudadana debe tener definidos con claridad sus mecanismos, procedimientos, canales y protocolos, y que estos deben ser eficaces, oportunos y transparentes para garantizar que se respeten los derechos humanos.
Las advertencias llegan en medio de una crisis que incluye homicidios selectivos, feminicidios, masacres, extorsiones, amenazas a líderes sociales, reclutamiento de menores y ataques con explosivos. Ante este panorama, la ONU pidió a las autoridades contener la violencia y desmantelar los grupos que la generan, pero sin descuidar las garantías de quienes viven en la zona.
