La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los $3.000 millones en un proyecto que buscaba recuperar los arrecifes coralinos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esos arrecifes están afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo.
El anuncio lo hizo el contralor general, Jorge Laverde. La investigación se centra en un contrato firmado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta). El contrato se financió con recursos del Fondo Nacional Ambiental (Fonam).
El caso lo adelanta la gerencia departamental colegiada del organismo de control en el archipiélago. Según la entidad, hay elementos que permiten inferir un daño a los recursos públicos destinados a la conservación de este ecosistema.
En el proceso fueron vinculados como presuntos responsables fiscales varios servidores y exservidores públicos. Todos participaron en alguna etapa del contrato: planeación, supervisión, ejecución, control o liquidación. También fue vinculado el representante legal de la entidad contratista.
La Contraloría anunció que reforzará la vigilancia y el control fiscal en el departamento insular. El objetivo es que los recursos destinados a recuperar los corales cumplan realmente con su propósito.
