El Gobierno nacional expidió el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, que ajusta las reglas sobre cómo deben actuar las autoridades durante las protestas. La norma modifica el decreto de 2021 que protege el derecho a manifestarse de forma pacífica y regula el uso de la fuerza por parte del Estado.
Una de las novedades es que el decreto define en qué casos se activan reglas especiales. Esto ocurre cuando, desde el inicio de una marcha o concentración, se detectan armas de fuego o cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios. También cuando hay personas retenidas contra su voluntad, agresiones a ciudadanos, funcionarios, policías, personal médico o periodistas, o daños a infraestructura pública o privada.
En esos casos, las autoridades deben mantener el diálogo durante toda la jornada, con gestores de convivencia y un canal de comunicación abierto con los manifestantes. Al mismo tiempo, la Policía podrá actuar de inmediato contra las personas que cometan los hechos violentos, sin esperar a que termine la conversación. El objetivo es proteger la vida de la gente, cuidar los bienes y recuperar la tranquilidad.
El decreto también pone límites. Cada vez que se apliquen estas reglas, el Puesto de Mando Unificado deberá dejar un registro escrito y avisar de inmediato al Ministerio Público. Si no se pueden cumplir los primeros pasos de actuación previstos en el protocolo, la razón deberá quedar explicada por escrito.
Además, quienes protestan de manera pacífica conservan todas sus garantías. La norma aclara que la convocatoria a la marcha, los discursos previos o que alguien lleve el rostro cubierto no son motivo para aplicar estas medidas. El decreto fue publicado tras una consulta pública realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.





