Los representantes a la Cámara Julio César Triana y Jaime Arizabaleta radicaron este martes 1 de septiembre ante el Congreso de la República el proyecto conocido como ‘Ley Anticapuchos’, que regula el uso de prendas para cubrir el rostro durante las manifestaciones ciudadanas en Colombia.
El articulado contempla sanciones no excarcelables de cuatro a ocho años de prisión contra quienes oculten su identidad y protagonicen hechos violentos en el marco de una protesta, según explicaron los autores de la iniciativa.
Arizabaleta, representante elegido por el Valle del Cauca en las legislativas del 8 de marzo, ha sostenido que la propuesta pretende separar a quienes ejercen el derecho a la protesta de manera pacífica de quienes delinquen con el rostro cubierto.
El congresista defiende que la norma protege tanto a estudiantes como a manifestantes que salen a las calles sin violencia.
El diseño original de la iniciativa incorpora sanciones graduadas, con medidas administrativas y castigos penales reservados para los casos graves ya tipificados en la legislación.
El proyecto también plantea la individualización de responsabilidades como fórmula para evitar la criminalización de las marchas pacíficas.
Los promotores incluyeron límites al uso de la fuerza por parte de las autoridades y mecanismos de rendición de cuentas dirigidos a prevenir abusos durante los operativos de control.
Arizabaleta presentó por separado una segunda iniciativa, la ‘Ley de la libertad y seguridad de las universidades’, que busca modificar la Ley 30 de 1992 para habilitar el ingreso de la Fuerza Pública a los campus públicos en casos de flagrancia, sin autorización previa de rectores o alcaldes.
El proyecto deberá surtir los cuatro debates reglamentarios en Cámara y Senado antes de convertirse en ley de la República.
